Línea de investigación Teoría del Derecho y Estudios Constitucionales

Esta línea en Teoría del Derecho y Estudios Constitucionales es necesaria de cara a la defensa no exclusivamente política o social de los derechos, sino también de un garantismo procedimental y jurídico como mecanismo más o menos idóneo para la garantía de las libertades y los derechos sociales y fundamentales de las personas y de los movimientos reivindicativos de sus existencias y su habitar a partir de culturas e idiosincrasias propias.

El constituyente de 1991 tenía como misión, no solo la creación de una nueva Constitución, sino la creación de los mecanismos para que esa nueva constitución fuese conocida por el pueblo colombiano

La línea de Teoría del Derecho Constitucional debe fundamentar al estudiante de Doctorado en Derecho, en las tesis tradicionales clásicas relevantes para el derecho constitucional como son el contractualismo y algunos elementos de la discusión en torno al control constitucional en la discusión previa y posterior al Marbury versus Madison. Así mismo, tesis importantes de la Grecia clásica como politeía o la Constitutio romana como antecedentes al concepto de Constitución moderna, debidamente fundamentado en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Dicha línea pretende auscultar críticamente en la parte dogmática y el espíritu o exegesis de la Constitución Política de Colombia desde el preámbulo hasta el artículo 112, estudiando los elementos del Estado y la importancia de la cláusula Estado Social de Derecho. Se hace especial énfasis en la importancia de los derechos fundamentales y se explica la evolución de los mismos, también se desarrolla el concepto de Derechos sociales, económicos y culturales con sus respectivos mecanismos de protección, a todo esto se suma la historia del constitucionalismo colombiano y las funciones del Estado colombiano.

Actualmente, los problemas Cardinales de desmedro de los derechos humanos, en estas épocas de dinámicas y cambios constantes, enfrentan problemáticas de orden trasnacional, mundial y local, que invitan a los investigadores de las ciencias sociales y del derecho a tener una comprensión de la panorámica internacional y nacional. Al respecto es necesaria la comprensión tanto de los asuntos normativos internos como de la defensa ante el sistema interamericano de derechos humanos y la defensa de estos derechos existenciales desde la movilización política y ciudadana.

Así, se compromete la línea en Teoría del Derecho Constitucional a formar profesionales y ciudadanos críticos, comprometidos no solamente con sus pequeñas parcelas nacionales y los problemas de orden constitucional al respecto, sino también a afrontar el conocimiento de las dialécticas de los derechos humanos en contexto de un mundo que evoluciona allende de las fronteras tradicionales impuestas a la luz de los Estados-Nación. Igualmente compete a la Línea aportar a la construcción de conocimiento mediante la formación académica doctoral en los ámbitos nacionales e internacional, a partir de los problemas de orden constitucional y a afrontar el conocimiento de las dialécticas de los derechos humanos en el contexto de un mundo que evoluciona más allá de las fronteras tradicionales impuestas a la luz de los Estados-Nación.

De esta línea de investigación se desglosan tres (3) seminarios: Teoría del Derecho, Derecho y Constitucionalismo, y Personas, Relaciones Jurídica y Derecho Privado.

Línea de Investigación Derecho y Medio Ambiente

Actualmente, las amenazas y daños sobre la naturaleza no tienen límites trasfronterizos, este contexto ha conllevado a la regulación de instrumentos internacionales de protección transfronteriza y a la consolidación de principios del derecho ambiental como el de “cooperación internacional”, “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y prevención del daño trasfronterizo” (Rojas, 2004). Así como con el surgimiento de la Globalización, la figura del Estado se trasforma respecto a sus sistemas jurídicos y principios de soberanía (Arévalo, 2010), el daño ambiental configura una nueva noción respecto a los límites del espacio territorial que sus efectos e impactos puedan abarcar.

En este escenario, se reconoce que las estructuras formales del derecho siguen primando en el campo práctico y contextual de los derechos ambientales, toda vez que el predominio de los derechos subjetivos sobre los derechos colectivos, la hegemonía de la valoración económica sobre la valoración simbólica del ambiente, la preminencia del marco temporal y espacial para la garantía de derechos, entre otras formas racionales y formales de la ciencia jurídica, demandan del campo científico, la problematización de categorías emergentes en el marco de la investigación del derecho y el medio ambiente.

Es así como el interés investigativo de esta línea propone el estudio de las nuevas ontologías que la concepción, la aplicabilidad y el cambio en los modos de pensar demanda el derecho ambiental, la emergencia de otros derechos inter subjetivos que requieren una plataforma epistemológica interdisciplinar, que permita la comprensión de derechos (Anexo 1, Línea de Investigación Derecho y Medio Ambiente). Así, nuevos objetos de regulación generan propuestas y cuestionamientos en el campo del derecho privado, administrativo, constitucional, internacional e inclusive penal, evidenciando la necesidad de formular y conjugar propuestas investigativas en el contexto nacional e internacional de impacto inter trans disciplinar, tanto para la ciencia jurídica como para otras ciencias y disciplinas que tengan el ambiente como campo de estudio.

Por otra parte, las nuevas titularidades y sujetos de derechos conforman las discusiones más recientes en el marco de la Ciencia Jurídica, toda vez que desde los postulados del derecho racional, la concepción individualista del derecho se instaló como el “centro del sistema jurídico” (Agudo, 2011): “los ordenamientos catalogan los derechos subjetivos, plasmándolos en las codificaciones y declaraciones de derechos, como elementos primarios a cuya protección y reconocimiento atiende el ordenamiento” (p. 14). Sin embargo, los derechos de titularidades difusas y de personas no humanas, no atienden a estas características de los derechos subjetivos y proponen otras miradas, tanto teóricas, como prácticas, que responde a la indeterminación del sujeto y a la necesidad de crear ficciones jurídicas para su reconocimiento.

De lo anterior se coligen categorías emergentes asociadas a nuevos objetos de regulación, al reconocimiento de nuevas titularidades y sujetos de derechos, la transición a nuevos marcos temporales y espaciales y las formas de legitimar su garantía, la dimensiones valorativas de tipo cuantitativo y cualitativo del ambiente, entre otras categorías que transversalizan el reconocimiento de derechos ambientales en el campo de la ciencia jurídica. La propuesta teórica y práctica de problematización científica e investigativa en la línea en Derecho y Medio Ambiente, atañe a los sistemas de valoración económica que fundamentan los principios del derecho ambiental , los regímenes de responsabilidad civil, el sistema de multas, sanciones e indemnizaciones, entre otras formas de reconocimiento, garantía y reparación de derechos.

De la Línea de Investigación Derecho y Medio Ambiente surge el seminario con el mismo nombre, al cual tiene un carácter interdisciplinar y se conecta con las otras líneas, como el Derecho y Constitucionalismo, Estado Social de Derecho, Justicias y Formación Jurídica, Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario

Línea de Investigación Estado Social de Derecho, Justicias y Formación Jurídica

El sustento de esta línea yace fundamentalmente en la Constitución Política de 1991, la cual dio origen a un nuevo marco de relaciones (sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales) que transformó la concepción del Estado en Colombia y otorgó un papel protagónico a los ciudadanos para que sean factor y motor de desarrollo. En suma, la Constitución promueve procesos de participación para hacer efectivo el ejercicio de la ciudadanía que les permita a los colombianos intervenir en los distintos ámbitos de acción de la sociedad.

Este nuevo impulso constitucional significa que los ciudadanos son reconocidos como sujetos de derechos, razón por la cual se legisla en esta materia y se adoptan prácticas institucionales que propician en la población una nueva forma de pensar, de actuar y de sentir. A partir de la carta constitucional de 1991 se establece una nueva concepción del actor social, que exige transformar el pensamiento y la acción de las instituciones (gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas), de los gobernantes, de las organizaciones de la sociedad civil, de la familia, de la escuela y de la población en general.

En el marco de lo anterior, la formación jurídica es una categoría central en esta Línea de Investigación, la cual debe estar en consonancia con los postulados que promulga la Constitución Política, de manera tal que se logren estructuraciones sociales, y se promuevan prácticas y relaciones verdaderamente democráticas. Considerado el Derecho un producto cultural, quienes habitan en un Estado tienen la obligación a través de sus comportamientos de cumplir sus fines.

En este sentido, en Colombia, el Derecho por sus postulados epistemológicos, teóricos y metodológicos, principalmente por los dictados de la Constitución Nacional, tiene una mayor responsabilidad social y legal en la medida en que su papel de regulador de las diversas relaciones sociales le obliga a mantener la coherencia entre los postulados normativos de carácter teórico y las acciones que en consonancia despliegan los sujetos.

Entre ellos, el compromiso de los estudiantes de Derecho en Colombia con su realidad social proviene de la unión entre la teoría y la práctica social en la configuración de una realidad que se erige dentro de un modelo de Estado de participación, caracteriza un sujeto comprometido con el bien común. La participación lleva al desarrollo de categorías como la autonomía, la agencia y la reflexividad.

Por lo anterior, esta Línea tiene la intencionalidad de aportar a la transformación del pensamiento y la acción de los estudiantes de Doctorado, con capacidad de incidir en las instituciones (gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas), los grupos de la sociedad civil y la población. Esta transformación requiere un investigación del Derecho y las Ciencias Sociales que reflexiona de manera crítica los límites de la teoría en relación con el contexto y las necesidades sociales de época. Aquí el escenario de la formación incorpora procesos que demandan la articulación entre los planes de estudio, los currículos, las concepciones teóricas y cognitivas, con los postulados constitucionales, de modo que se constituya un sistema que permita dicha transformación social.

Lo expresado incluye una connotación ético –moral y de responsabilidad social de la formación, la asimilación y la producción del conocimiento en Derecho y Ciencias Sociales, por sus implicaciones en la vida, a través de las concepciones y prácticas de justicia y libertad.

De esta Línea se desprenden dos (2) seminarios que son: Uno con el mismo nombre de la línea y otro en torno a los pluralismos jurídicos, estudios políticos y gobernanza. Este último surge de una línea naciente que está en proceso de consolidación y se inscribe en el Grupo Derecho y Sociedad (Anexo 16, Línea de Investigación Estado Social de Derecho, Justicias y Formación Jurídica).

Línea de Investigación Política criminal y Política Legislativa Penal

La propuesta de integración de una línea de investigación en materia de política criminal y política legislativa penal dentro del Doctorado de Derecho, surge de la actividad que realiza el naciente Grupo de investigación “Política criminal, víctima y delito” de la Universidad de Manizales.

La ciencia jurídico penal, incluida la colombiana, ha centrado su atención, hace ya décadas, en los contenidos y técnicas de aplicación de la ley penal alcanzando unas cotas de racionalidad nada desdeñables, como lo demuestra el desarrollo de las categorías de la teoría jurídica del delito y de la dogmática penal. No obstante, esto se ha logrado con un notable descuido de otras áreas de conocimiento vinculadas con la disciplina penal, que están en capacidad de dotar a ésta de un mayor acercamiento a las realidades sociales y al impacto que sobre las personas tiene la intervención punitiva. Nos referimos a la criminología y a la política criminal.

Con relación a la criminología, sin ánimos de ahondar en sus variados matices, estaríamos ante un campo de conocimiento que, empleando una metodología interdisciplinar, encuentra su objeto de estudio en la descripción, comprensión e intervención de aquellos comportamientos considerados criminosos en sociedad, en los sujetos que realizan esas conductas y en su relación con la sociedad y los aparatos de control social, formales e informales.

Respecto a la política criminal, se trata de un sector delimitado de las políticas públicas que tiene a su cargo el diseño, implementación y puesta en práctica de instrumentos de prevención y reacción frente a aquellas conductas que vulneran o ponen en peligro, de manera grave, aquellos elementos indispensables para la convivencia pacífica en sociedad. Asimismo, tiene a su cargo la coordinación de las agencias e instituciones que tienen a cargo tareas específicas en su ejecución, desde el ámbito policial, pasando por el judicial y el penitenciario y carcelario.

Se aspira que el doctorando en Derecho que opte por desarrollar su tesis doctoral en esta línea de investigación, al finalizar su ciclo investigativo, se encuentre en condiciones de brindar perspectivas de entendimiento a los problemas públicos relacionados con la cuestión criminal a través del análisis y construcción de marcos conceptuales y teóricos sólidos. Igualmente, deberá estar en condiciones de ofrecer respuestas alternativas a los problemas político criminales que superen las aproximaciones obtusas y limitadas a la intervención punitiva y a la ampliación de los marcos de criminalización.

La integración de la línea de investigación en política criminal y política legislativa penal al programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Manizales, atiende a la necesidad de contar con profesionales expertos en las problemáticas relacionadas con la cuestión criminal que vayan más allá de una aplicación acrítica de la ley. Se aspira que el doctorando en derecho que opte por desarrollar su tesis doctoral en esta línea de investigación, al finalizar su ciclo investigativo, se encuentre en condiciones de brindar perspectivas de entendimiento a los problemas públicos relacionados con la cuestión criminal a través del análisis y construcción de marcos conceptuales y teóricos sólidos. Igualmente, deberá estar en condiciones de ofrecer respuestas alternativas a los problemas político criminales que superen las aproximaciones obtusas y limitadas a la intervención punitiva y a la ampliación de los marcos de criminalización.